El presente análisis fue realizado por ña Red de Viviendas y Asentamientos Humanos de Nicaragua
La Constitución Política de Nicaragua (Artículo 64) reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y establece que el Estado es garante de este derecho. La aprobación en 2009 de la Ley 677, “Ley especial para el fomento de la construcción de viviendas y de acceso a la vivienda de interés social” fue un avance sustantivo para la regulación del derecho a la vivienda. Esta ley constituye un punto de inflexión y una oportunidad para acometer el desafío de garantizar acceso a la población de bajos ingresos a una vivienda digna.
El problema de la vivienda en Nicaragua tiene sustrato en la falta de acceso a tierra urbanizada para la mayoría de la población nicaragüense. La oferta formal de lotes urbanizados es poca y el suelo adecuado para el poblamiento tiene un costo elevado.
Nicaragua tiene un déficit alto de vivienda, mayor en los sectores de bajos ingresos. La propia población mediante autogestión, sin asistencia técnica ni financiera produce barrios y viviendas. Según la Encuesta de Medición del nivel de Vida realizada por el INIDE en el 2014, 3 de cada 10 familias nicaragüenses, viven en condiciones inadecuadas: hacinamiento, mala calidad de la vivienda y servicios insuficientes. Según la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, en Nicaragua se necesitan unas 957,000 viviendas para suplir dicho déficit.
En Nicaragua se ha alcanzado importantes logros en la ampliación de los servicios de agua potable y de energía eléctrica: el 89% de los hogares a nivel nacional tiene servicio de agua y el 85% de los urbanos posee energía domiciliar. Sin embargo, como dato promedio, solamente cuatro de cada diez hogares nicaragüenses, tienen servicios de alcantarillado, por lo que se requiere con urgencia ampliar la cobertura por medio de mayor inversión gubernamental, así como mejorar la calidad y cantidad del agua recibida.
El Censo de asentamientos del Pacífico urbano, realizado por la organización TECHO, revela que en esta área geográfica del país, uno de cada dos asentamientos con acceso a servicios básicos tiene suministro parcial de agua potable, carece de energía eléctrica regularizada y no cuenta con alumbrado público. El estudio indica que persisten brechas de cobertura entre las distintas áreas geográficas de Nicaragua, por lo que se presume –dado la falta de cifras-, que estas brechas tienden a ser mayores en las zonas remotas del país y en la costa Caribe.
En Nicaragua las organizaciones sociales especializadas han aportado a la producción social de viviendas y a la mejora del acceso a agua y saneamiento para sectores de bajos ingresos con apoyo de la cooperación internacional y mediante modalidades de alianzas y asociaciones. Entre 2007 y 2012 las organizaciones especializadas contribuyeron a la producción social de 12,000 viviendas en el país, según datos suministrados por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural.
Mozonte, Comunidad El Zapote, NUEVA SEGOVIA, Nicaragua (7 de julio del 2020).
Más de 12,000 familias, en su mayoría habitantes de zonas rurales del país, cuentan con servicios de agua, saneamiento e higiene, provistos mediante proyectos ejecutados por organizaciones sociales especializadas entre 2013 y 2016.
El aporte de las organizaciones sociales especializadas a los procesos de autoconstrucción asistida para la mejora y construcción de nuevas viviendas, tiene un costo más bajo en relación al que ofrece el mercado. Esto se ha logrado utilizando materiales y sistemas constructivos alternativos y contribuyendo a la organización de la población para fortalecer su capacidad de autogestión. De esta manera se ha fomentado la articulación de las organizaciones sociales con programas nacionales y locales de viviendas, de mejora integral de barrios y de producción de nuevos conjuntos habitacionales.
Es importante mencionar la contribución de viviendas por parte de la empresa privada para satisfacer la demanda de sectores de ingresos medios y altos, con el apoyo del Estado, a través de distintas modalidades de subsidio. Según la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, anualmente se construyen 4,000 viviendas con inversión privada.
